Muy interesante. Comparto muchas de tus consideraciones, entre ellas la necesidad de prepararnos para la transcición ( en un sentido más amplio). Comparto plenamente, además, tu consideración respecto a la deuda externa y la ambiental… tambien lo que opinas respecto de la cria industrial de animales ( cerdos de China, por ejemplo), y otras que expresaste.
Sin embargo me gustaría abrir un debate respecto del » desarrollo sustentable».
Y paso a comentarte lo que pienso al respecto, lo más brevemente posible.
Como todos los que estamos interesados en la cuestión ambiental sabemos, ya en la Conferencia de Estocolmo de 1972 se reconocía que habíamos “llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio”. Comenzaron entonces a generarse algunas políticas y normativas ambientales en el mundo. En nuestro país, al retornar una vez más la democracia en 1973 se creaba la primer “Secretaría de Recursos Naturales y ambiente humano de la Nación” y así se comenzaba a transitar un camino de intentos de política y de normativa ambiental en base a aquel principio.
Fue en 1987 cuando Gro Harlem Brundtland, encabezando la comisión de la ONU que alumbró el informe sobre “Nuestro futuro común”, universalizó la cuestión conceptual del desarrollo sostenible.
Así es cómo la mayor parte de los países abrazaron el concepto; algunos más formalmente, otros con algunas acciones. En el caso de nuestro país, precisamente en los años 90, se incorporó a nuestra legislación mediante la sanción de algunas leyes ambientales, como la de “Residuos peligrosos” y otras que pusieron el tema en agenda. En ese clima, los constituyentes incluyeron en la reforma constitucional el artículo 41 que establece “que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”… reconociendo de esta manera el principio del desarrollo sostenible.
Claro es, que en los mismos años 90, mientras constitucionalmente se imponía el derecho a un ambiente sano, se aprobaba (con informes en idioma extranjero) la introducción de “paquetes tecnológicos” – agroquímicos y OGM- (agrotóxicos y transgénicos) incompatibles con el derecho constitucional vigente. Asimismo, en el plano institucional, se pasaba el control ambiental de la incipiente actividad minera, que el PACTO FEDERAL MINERO y las leyes que en ese tiempo se aprobaron (y siguen vigentes) querían fomentar, a la Secretaría de Minería, poniendo al zorro a cuidar las gallinas y dejando sin competencia en el control de esa actividad, a las autoridades de la flamante Secretaría de Medio ambiente. Grandes minas a cielo abierto pulverizaron áreas periglaciares, hasta la sanción de la Ley de protección de glaciares ( y después?…).
Así, mientras se escribía, se debatía, se alababa y se sancionaba en base al concepto de desarrollo sostenible, también se comenzaba a efectuar extractivismo de nuestros recursos naturales (particularmente suelo y agua, además de minerales) afectando severamente el derecho ambiental de las generaciones presente y futuras.
El fin de siglo encontró a nuestro país debatiéndose en una crisis política, social y económica de envergadura. La pobreza había alcanzado a 40% de la población, había nacido el agronegocio, se había generado un nuevo impulso de deforestación del bosque nativo, de la minería a cielo abierto , de la contaminación de los ríos ( incluido el Riachuelo, famoso en la época) y el “ desarrollo sostenible “ pasó a ser protagonista en medios y discursos y letra muerta en la Constitución Nacional y en las incipientes leyes ambientales. El extractivismo y la crisis vieron alumbrar en este sur, al nuevo siglo. La sustentabilidad del norte se sostendría con los recursos naturales del sur en un intento del sistema político-económico imperante de gestionar ( diferir) la crisis ambiental que se ponía en evidencia.
Tal evidencia tuvo respuestas tecnológicas y económicas (algunas economías verdes, tecnologías de remediación, mitigación de impactos…) . La ecología fue conquistada por el mercado y proliferaron los negocios ambientales, particularmente en el mundo desarrollado y también en el Sur (miles de millones de euros y dólares circulan entre bancos y empresas a efectos de transformar, modificar, destruir materiales de alto impacto ambiental negativo, alimentando el sistema que se aleja aceleradamente de la “economía de recursos”).
El oximorón del desarrollo sostenible se multiplica en forma de ecología consumible.
En esta primera parte del siglo XXI, la innovación tecnológica y la globalización se constituyen en ágil respuesta (salida, no solución) al agotamiento de los recursos, al cambio climático y a las evidencias de la catástrofe ambiental posible. Se mejoran los rendimientos energéticos, pero no se disminuye ni el consumo ni las emisiones de gases efecto invernadero, se purifica, se trata, se potabiliza el agua pero globalmente no se disminuye el consumo, ni el irreversible secuestro de agua desde el ciclo biogeoquímico, nace también el concepto y la condición de agua virtual…
La globalización imperante impone la externalización o diferimiento de la crisis ambiental. El sistema político- económico-financiero con fuerte sustento tecnológico y mediático utiliza entonces la herramienta de la deuda que somete a las sociedades, particularmente las proveedoras de energía y recursos naturales, haciéndolas prisioneras del futuro.
El escenario es complejo para nuestro “futuro común” y más aún para el futuro de nuestra nación. Si bien en la declarada pandemia (el futuro también desenmascarará cuánto hay de realidad y cuánto de acción psicológica en este suceso histórico, nada extraño para la humanidad. Se necesita perspectiva y la da el tiempo) la sensación de seguridad al amparo de la ciencia y la tecnología parece vulnerable, el imperio tecnológico-científico asociado al financiero dibujan nuestra realidad desde los bytes mediáticos, en los que la propaganda ganó la pulseada a la información. No es tan fácil establecer cuál es la “realidad” virtual y cuál la que esconde. Y nuestras sociedades habitan la caverna de Platón, atados a deudas eternas y crisis recurrentes.
Tal vez sea tiempo del ocaso del concepto innovador de 1987. Pero las sociedades sólo cambian (de verdad) bajo presión, o generan migraciones o se extinguen…llegado el límite de sus posibilidades.
En nuestro país, la amenaza al ambiente, tanto por el escenario global como por la cuestión local (pobreza, eventos climáticos extremos, contaminación, agotamiento de los recursos, deuda externa, corrupción estructural) es de tal envergadura que requiere un acuerdo que trascienda las mezquindades partidarias. Requiere acuerdos estables y concienzudos con los otros países de la región, particularmente siendo un país de aguas abajo en caso de Brasil, e integrante del sistema sudamericano productivo de exportación basado en dependencia y en paquetes tecnológicos con enorme costo ambiental y social. Requiere más compromiso, menos “propaganda” y más acción.
Particularmente en Argentina nos debemos:
El fortalecimiento de las economías regionales, mejorando la logística y reduciendo los desplazamientos. Relocalizar actividades y limitar la expansión periurbana.
Favorecer la moderación energética, orientando el consumo a la actividad productiva y desincentivando el consumo suntuario. Favorecer el desarrollo de las energías alternativas. Recuperar la autonomía energética.
Poner en marcha un plan agropecuario orientado a la calidad mediante incentivos a la producción agroecológica , imponiendo a su vez la internalización de costos ambientales a la actividad agropecuaria industrial ( granjas porcinas, feed lots, paquetes tecnológicos del agro) que la desincentive .
Fomentar, mediante un sistema de incentivos y desincentivos, la producción agropecuaria diversa y de calidad en vistas a garantizar la seguridad alimentaria y la generación de mano de obra rural e industrial.
Fomentar ( financiar) la ciencia y tecnología nacional para la industria, hacia la durabilidad, optimizando el consumo de energía, reduciendo la utilización de RRNN y de insumos importados.
Centralizar en una sola autoridad ambiental la aplicación de la política nacional y el control del cumplimiento de los contenidos mínimos de las leyes ambientales…Decisión política de alcanzar los objetivos y un sistema de control de gestión eficiente y medible en el ámbito federal.
Y tantas otras cuestiones…
Me preocupa y me ocupa, desde este mínimo lugar de ciudadana y bióloga egresada de la Universidad pública que sostienen mis compatriotas, coadyuvar a superar el fin del paradigma del “desarrollo sostenible” que ya no se sostiene, resistir y construir el nuevo, más allá de las limitaciones actuales. Me parece que con la historia y con los resultados a la vista, sería bueno abrir el debate al respecto para generar las propuestas y alternativas superadoras que alimenten con conocimiento y criterio académico las repuestas políticas a un tema tan vital.
Por último, me pareció brillante la intervención del comp. Zaccagnini. Allá vamos! ( o deberíamos ir…)
One response
Muy interesante. Comparto muchas de tus consideraciones, entre ellas la necesidad de prepararnos para la transcición ( en un sentido más amplio). Comparto plenamente, además, tu consideración respecto a la deuda externa y la ambiental… tambien lo que opinas respecto de la cria industrial de animales ( cerdos de China, por ejemplo), y otras que expresaste.
Sin embargo me gustaría abrir un debate respecto del » desarrollo sustentable».
Y paso a comentarte lo que pienso al respecto, lo más brevemente posible.
Como todos los que estamos interesados en la cuestión ambiental sabemos, ya en la Conferencia de Estocolmo de 1972 se reconocía que habíamos “llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio”. Comenzaron entonces a generarse algunas políticas y normativas ambientales en el mundo. En nuestro país, al retornar una vez más la democracia en 1973 se creaba la primer “Secretaría de Recursos Naturales y ambiente humano de la Nación” y así se comenzaba a transitar un camino de intentos de política y de normativa ambiental en base a aquel principio.
Fue en 1987 cuando Gro Harlem Brundtland, encabezando la comisión de la ONU que alumbró el informe sobre “Nuestro futuro común”, universalizó la cuestión conceptual del desarrollo sostenible.
Así es cómo la mayor parte de los países abrazaron el concepto; algunos más formalmente, otros con algunas acciones. En el caso de nuestro país, precisamente en los años 90, se incorporó a nuestra legislación mediante la sanción de algunas leyes ambientales, como la de “Residuos peligrosos” y otras que pusieron el tema en agenda. En ese clima, los constituyentes incluyeron en la reforma constitucional el artículo 41 que establece “que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”… reconociendo de esta manera el principio del desarrollo sostenible.
Claro es, que en los mismos años 90, mientras constitucionalmente se imponía el derecho a un ambiente sano, se aprobaba (con informes en idioma extranjero) la introducción de “paquetes tecnológicos” – agroquímicos y OGM- (agrotóxicos y transgénicos) incompatibles con el derecho constitucional vigente. Asimismo, en el plano institucional, se pasaba el control ambiental de la incipiente actividad minera, que el PACTO FEDERAL MINERO y las leyes que en ese tiempo se aprobaron (y siguen vigentes) querían fomentar, a la Secretaría de Minería, poniendo al zorro a cuidar las gallinas y dejando sin competencia en el control de esa actividad, a las autoridades de la flamante Secretaría de Medio ambiente. Grandes minas a cielo abierto pulverizaron áreas periglaciares, hasta la sanción de la Ley de protección de glaciares ( y después?…).
Así, mientras se escribía, se debatía, se alababa y se sancionaba en base al concepto de desarrollo sostenible, también se comenzaba a efectuar extractivismo de nuestros recursos naturales (particularmente suelo y agua, además de minerales) afectando severamente el derecho ambiental de las generaciones presente y futuras.
El fin de siglo encontró a nuestro país debatiéndose en una crisis política, social y económica de envergadura. La pobreza había alcanzado a 40% de la población, había nacido el agronegocio, se había generado un nuevo impulso de deforestación del bosque nativo, de la minería a cielo abierto , de la contaminación de los ríos ( incluido el Riachuelo, famoso en la época) y el “ desarrollo sostenible “ pasó a ser protagonista en medios y discursos y letra muerta en la Constitución Nacional y en las incipientes leyes ambientales. El extractivismo y la crisis vieron alumbrar en este sur, al nuevo siglo. La sustentabilidad del norte se sostendría con los recursos naturales del sur en un intento del sistema político-económico imperante de gestionar ( diferir) la crisis ambiental que se ponía en evidencia.
Tal evidencia tuvo respuestas tecnológicas y económicas (algunas economías verdes, tecnologías de remediación, mitigación de impactos…) . La ecología fue conquistada por el mercado y proliferaron los negocios ambientales, particularmente en el mundo desarrollado y también en el Sur (miles de millones de euros y dólares circulan entre bancos y empresas a efectos de transformar, modificar, destruir materiales de alto impacto ambiental negativo, alimentando el sistema que se aleja aceleradamente de la “economía de recursos”).
El oximorón del desarrollo sostenible se multiplica en forma de ecología consumible.
En esta primera parte del siglo XXI, la innovación tecnológica y la globalización se constituyen en ágil respuesta (salida, no solución) al agotamiento de los recursos, al cambio climático y a las evidencias de la catástrofe ambiental posible. Se mejoran los rendimientos energéticos, pero no se disminuye ni el consumo ni las emisiones de gases efecto invernadero, se purifica, se trata, se potabiliza el agua pero globalmente no se disminuye el consumo, ni el irreversible secuestro de agua desde el ciclo biogeoquímico, nace también el concepto y la condición de agua virtual…
La globalización imperante impone la externalización o diferimiento de la crisis ambiental. El sistema político- económico-financiero con fuerte sustento tecnológico y mediático utiliza entonces la herramienta de la deuda que somete a las sociedades, particularmente las proveedoras de energía y recursos naturales, haciéndolas prisioneras del futuro.
El escenario es complejo para nuestro “futuro común” y más aún para el futuro de nuestra nación. Si bien en la declarada pandemia (el futuro también desenmascarará cuánto hay de realidad y cuánto de acción psicológica en este suceso histórico, nada extraño para la humanidad. Se necesita perspectiva y la da el tiempo) la sensación de seguridad al amparo de la ciencia y la tecnología parece vulnerable, el imperio tecnológico-científico asociado al financiero dibujan nuestra realidad desde los bytes mediáticos, en los que la propaganda ganó la pulseada a la información. No es tan fácil establecer cuál es la “realidad” virtual y cuál la que esconde. Y nuestras sociedades habitan la caverna de Platón, atados a deudas eternas y crisis recurrentes.
Tal vez sea tiempo del ocaso del concepto innovador de 1987. Pero las sociedades sólo cambian (de verdad) bajo presión, o generan migraciones o se extinguen…llegado el límite de sus posibilidades.
En nuestro país, la amenaza al ambiente, tanto por el escenario global como por la cuestión local (pobreza, eventos climáticos extremos, contaminación, agotamiento de los recursos, deuda externa, corrupción estructural) es de tal envergadura que requiere un acuerdo que trascienda las mezquindades partidarias. Requiere acuerdos estables y concienzudos con los otros países de la región, particularmente siendo un país de aguas abajo en caso de Brasil, e integrante del sistema sudamericano productivo de exportación basado en dependencia y en paquetes tecnológicos con enorme costo ambiental y social. Requiere más compromiso, menos “propaganda” y más acción.
Particularmente en Argentina nos debemos:
El fortalecimiento de las economías regionales, mejorando la logística y reduciendo los desplazamientos. Relocalizar actividades y limitar la expansión periurbana.
Favorecer la moderación energética, orientando el consumo a la actividad productiva y desincentivando el consumo suntuario. Favorecer el desarrollo de las energías alternativas. Recuperar la autonomía energética.
Poner en marcha un plan agropecuario orientado a la calidad mediante incentivos a la producción agroecológica , imponiendo a su vez la internalización de costos ambientales a la actividad agropecuaria industrial ( granjas porcinas, feed lots, paquetes tecnológicos del agro) que la desincentive .
Fomentar, mediante un sistema de incentivos y desincentivos, la producción agropecuaria diversa y de calidad en vistas a garantizar la seguridad alimentaria y la generación de mano de obra rural e industrial.
Fomentar ( financiar) la ciencia y tecnología nacional para la industria, hacia la durabilidad, optimizando el consumo de energía, reduciendo la utilización de RRNN y de insumos importados.
Centralizar en una sola autoridad ambiental la aplicación de la política nacional y el control del cumplimiento de los contenidos mínimos de las leyes ambientales…Decisión política de alcanzar los objetivos y un sistema de control de gestión eficiente y medible en el ámbito federal.
Y tantas otras cuestiones…
Me preocupa y me ocupa, desde este mínimo lugar de ciudadana y bióloga egresada de la Universidad pública que sostienen mis compatriotas, coadyuvar a superar el fin del paradigma del “desarrollo sostenible” que ya no se sostiene, resistir y construir el nuevo, más allá de las limitaciones actuales. Me parece que con la historia y con los resultados a la vista, sería bueno abrir el debate al respecto para generar las propuestas y alternativas superadoras que alimenten con conocimiento y criterio académico las repuestas políticas a un tema tan vital.
Por último, me pareció brillante la intervención del comp. Zaccagnini. Allá vamos! ( o deberíamos ir…)